Suele cuestionarse la regresividad de nuestro sistema tributario argumentando que al sustentarse en los impuestos al consumo —tales como el Impuesto al Valor Agregado— siempre terminan pagando más en concepto de cargas fiscales los que menos tienen. Y esto es real. Mientras actividades tan lucrativas como la pesca, la minería, la petrolera, el sector financiero, por ejemplo, gozan de demasiados privilegios, nadie se salva, ni aún un desocupado o homeless de pagar el IVA por lo que sea que compre, por más básico y de primerísima necesidad que sea el producto o servicio.
Asimismo, si a esta característica esencial del régimen tributario nacional se le aplica un modelo de inequidad superlativa falsificando indicadores oficiales, vulnerando el sistema legislativo, apelando a discursos falaces para tapar la falta de políticas en materia económica, monetaria y fiscal, trampeando en la exposición de las cuentas públicas, y tantos otros mecanismos tendientes a simular los efectos de una administración que de transparente no tiene nada, resulta indudable que lo que se está haciendo es ahondar muchísimo más su regresividad en detrimento de la clase social que sí produce realmente para el país.
Mientras la clase media en general no elude ni evade sus obligaciones fiscales —como sí suelen hacerlo corporaciones que jamás resultan tan perseguidas por incumplimiento— y en muchos casos hasta terminan “arreglando” sus deudas mediante canjes de publicidad oficial, por ejemplo, como el acuerdo sellado hace poco tiempo con la Administración Federal de Ingresos Públicos, hay una “clase especial” de ciudadanos que de manera más directa, viven a expensas de esta clase media productiva.
Esta “clase especial” que en general no estudia ni trabaja, porque este Estado intervencionistamente dictatorial no se ocupa de inculcarle estos valores, se hacina en villas de la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, tiene varios hijos por los que cobra rigurosamente la Asignación Universal, más los Planes Trabajar por los cuales obviamente no trabaja, distribuidos entre diferentes miembros del grupo familiar: padre, madre, abuelos maternos y abuelos paternos, haciendo un mínimo de 6 planes en total que se suman a lo anterior, resultando la sanguijuela de la clase media, porque la de poder adquisitivo alto tiene sus otros recursos.
Pero toda la responsabilidad recae necesariamente en la falta de escrúpulos de la clase gobernante que— tal como tantas veces hemos expresado y ahora confirman los nunca tan famosos cables de Wikileaks— en su afán de perpetuarse en el poder, acordó con sindicatos y organizaciones piqueteras subsidios oficiales a cambio de apoyo político. Subsidios que necesariamente deben salir de las arcas fiscales o de las reservas del BCRA, impuesto inflacionario mediante.
Además, hay que agregar que esta “clase especial” ya no es ni siquiera local, porque en ese caso uno lo entendería y hasta colaboraría de buena voluntad. ¿Cómo no entender que cada vez hay más compatriotas que mueren por desnutrición, quedan sin trabajo o que las ciudades se han plagado de personas durmiendo en sus calles?
Es que el escenario cambia cuando uno advierte que esa “clase especial” se compone de una gran mayoría de extranjeros, personas provenientes de países limítrofes que atraídos por calculadas políticas populistas, no producen nada, sino que gozan de todos los beneficios antes descriptos y hasta los de tipo previsional, sin haber contado jamás con los requisitos que sí se nos exigen a los nativos.
Estas personas extranjeras suelen remitir, además, parte de sus ingresos de manera informal a sus países de origen, a la vez que disponen alegremente de servicios públicos que eroga predominantemente la clase media. Una clase media que no elude porque no cuenta con los recursos como para pagar el asesoramiento de “ingenieros fiscales”, y mayoritariamente no evade porque las administraciones tributarias a ella sí la observan.
Pero acá no termina la cosa, sino que como el tema habitacional está bastante complicado, a esta “clase especial” se le ocurre apoderarse de tierras o propiedades privadas diversas, bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno, que los trajeron para usarlos como votantes obligados o fuerza de choque y luego no supieron dónde meterlos, que cada día exigen mas.
Entonces la clase media es la que desembolsa los fondos en concepto de impuestos que luego se traducen en abultadísimos subsidios que les dan a esta “clase especial” que no trabaja ni estudia, vive de Planes Trabajar o Asignación Universal por Hijo y toma terrenos. Para que dejen de ocuparlos, claro. Hasta el nuevo ataque a vaya uno a saber a qué otro blanco.
Pero como la actividad de “okupa” es estresante, el Ministerio de Desarrollo Social se encarga de proveerles comida y alimento que también se financia con las erogaciones en concepto de impuestos que paga la clase media.
Como no podría ser de otro modo, no siendo estos terrenos o propiedades privadas de su propiedad (valga la redundancia), estas personas de esta “clase especial” sienten que no tienen ninguna obligación de pagar ningún servicio, sino que interpretan que tienen un derecho inalienable a recibirlos de manera gratuita. O se los paga el Estado Nacional, Provincial o Municipal o acuden al recurso de tomarlos por su cuenta, por ejemplo, enganchándose de las instalaciones o bocas de suministro de otras propiedades privadas linderas.
Pero también esta “clase especial” necesita víveres, claro está, para lo cual le han inculcado que tiene el derecho inalienable de recibir bolsones de comida.
Pero si la “clase especial” no recibe los bolsones de comida, supone de manera natural que tiene derecho a saquear los establecimientos comerciales de la zona o de donde sea, y ya que está, se puede llevar electrodomésticos, celulares costosísimos, ropa y calzado de marca, en fin, todo lo necesario para mejorar sustancialmente su calidad de vida. De todos modos, tanto jugar a ser bravos toda vez que el gobierno los llama para actuar como fuerza de presión o de choque, ya aprendieron a poner caras de malo, encapucharse con las remeras, pañuelos o cuanto trapo ande suelto por ahí, blandir palos o fierros e insultar a los gritos para meter miedo a cualquiera, total, “patoteando” en bloque y a cara tapada, ¿quién se les va a animar? Mucho menos si además pertenecen a organizaciones sociales reconocidas oficialmente cuyos líderes los proveen de las armas de manera conveniente y los organizan para cada ataque puntualmente dirigido a la humanidad, bienes o derechos de la clase media.
Esta “clase especial”, de bases también importadas de países limítrofes, cuyos líderes hacen un culto de la violencia y se creen con derecho a todo a partir de que su extrema brutalidad e ignorancia sea explotada por los políticos corruptos de siempre, conforman el universo que la clase media argentina mantiene con su trabajo y pagando sus impuestos.
Pero aquí no termina la inequidad redistributiva como política central del gobierno nacional y popular, sino que las cárceles donde son destinados cuando se pasan de la raya en el delito controlado por el Estado intervencionistamente dictactorial, también se financian con los impuestos que paga mayoritariamente la clase media argentina. Pero como además hoy abundan los jueces garantistas, los miembros de esa “clase especial” recuperan rápidamente su libertad para volver a delinquir, dando la “sensación de inseguridad” que ya se ha cobrado tantas vidas y destruido tantas familias de la clase media y de clases más altas.
Y como no trabajan ni estudian porque tienen los subsidios, para pasar el tiempo suelen adquirir vicios, que la clase media también financia porque los recursos con los que los adquieren forman parte de los mismos subsidios que el Estado les paga tomándolos de los impuestos.
Gracias a (valga nuevamente la redundancia) la corrupta política de la corrupta clase política, esta “clase especial” hace piquetes, corta calles, roba y mata a la misma clase media que con su trabajo e impuestos los mantiene, por decisión de autoridades gubernamentales cuyos referentes se han enriquecido de la manera más irregular y menos comprobable que pueda existir y gozan de total impunidad en tanto jueces con demasiado que ocultar sigan cumpliendo las órdenes de sus extorsionadores.
Finalmente, esta política de inequidad e injusticia a la que el oficialismo gusta definir como la “profundización del modelo”, hace mucho más regresivo el régimen tributario, y por carácter transitivo, torna más retrógrada a la sociedad en su conjunto, embrutece más a las nuevas generaciones inculcándoles el culto a la violencia, a que solo tienen derechos y ninguna obligación, a que no hay nada ni nadie que deba ser respetado, permutando ruines ideologías por altruistas ideales, a perder su identidad como nación y a hundirse cada día más en el mismo lodo de mediocridad en el que siempre han vivido sus ideólogos, personajes que hoy nos quieren vender como próceres, visionarios e incomprendidamente adelantados a su tiempo.
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